De los magistrados integrantes del pleno del Poder Judicial de Morelos, los que no cuentan ni con la evaluación, ni con la ratificación correspondiente, los siguientes:
- Juan Emilio Elizalde, cuya fecha de nombramiento es el 1 de enero de 2013, por lo que lleva ocho años sin haber sido ratificados por los miembros del Congreso del Estado, por lo que debió concluir su encargo en enero de 2019.
- Elda Flores León, cuyo nombramiento es el 25 de marzo de 2013, por lo que tiene siete años ejerciendo el cargo sin contar con la ratificación.
- María del Cármen Aquino Celis, que fue nombrada el 4 de junio de 2014, quien debió ser ratificada en junio de 2020.
- Luis Jorge Gamboa Olea, que fue nombrado el 4 de junio de 2014, por lo que debió ser ratificado por el Congreso Estatal, según lo marcan las leyes morelenses, el 4 de junio de 2020.
- Norberto Calderón Ocampo, quien en un plazo de cinco meses habrá agotado su plazo máximo de 12 años para ejercer como magistrado supernumerario.
- Andrés Hipólito Prieto, cuya fecha de nombramiento es 17 de mayo del 2000, por lo que lleva ejerciendo el cargo 20 años, un periodo que supera el plazo máximo permitido por la ley.
- Ángel Garduño González, quien fue nombrado el 29 de noviembre de 1996, por lo que lleva ejerciendo el cargo desde hace 22 años, tiempo que supera lo establecido por la ley.
- Carlos Iván Arenas Ángeles, que fue nombrado el 17 de mayo de 2006, por lo que ha ejercido el cargo por 15 años.
- Leticia Taboada Salgado, quien lleva ejerciendo el cargo por 14 años.
- Bertha Leticia Rendón Montealegre, nombrada el 1 de enero de 2013, por lo que lleva 8 años ejerciendo el cargo sin estar evaluada ni ratificada.
- Manuel Díaz Carvajal, nombrado el 1 de enero de 2013, lleva 8 años ejerciendo como magistrado sin estar evaluado ni ratificado.
La ley marca que los magistrados deben permanecer en su cargo por un primer periodo de seis años, y que pueden ser ratificados por el Congreso Local hasta por un periodo de tiempo igual; lo grave en Morelos es que todos los antes mencionados no han cumplido con lo que la ley les impone, y no están ni ratificados ni evaluados, por lo que las sentencias que hubieran emitido podrían ser nulas de pleno derecho, además de ser una situación grave y que afecta a la seguridad jurídica de los morelenses, dijo Rosete Flores.
A pregunta expresa sobre cómo es que se ha permitido que estos magistrados continúen ejerciendo en un cargo sin cumplir con la ley, el abogado dijo: "Ha habido una omisión por parte del Congreso del Estado... que tendrían que haber hecho su trabajo los diputados y las diputadas...".
En consecuencia de la omisión de los y las legisladores, se puede advertir que la convocatoria para la selección de magistrados también está viciada por parte del Congreso del Estado; por lo que hacen un llamado para que se suspenda la convocatoria y se emita una nueva, buscando la renovación en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, lo que sería en beneficio de los y las morelenses.
Rosete Flores dijo que a causa de lo anterior, ayer presentó un escrito al Congreso del Estado, en el que se informa sobre la grave situación que prevalece en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, en que se pone en conocimiento a todos los diputados. De la misma forma, y de manera responsable, presentaron un amparo indirecto en contra de la convocatoria "por estar plagada de ilegalidad y de nulidad".
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